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Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto han sido asesinados en El Salvador por defender el medioambiente de la minería metálica.
Según las Naciones Unidas, El Salvador es el segundo país más deforestado del continente americano y el último por acceso al agua, además de ser el país con más densidad de población de toda América.
Varios estudios científicos han demostrado la inviabilidad de la industria minera en El Salvador. Los daños económicos, sociales y ambientales han causado un gran movimiento ciudadano en oposición a los proyectos de explotación minera. La Iglesia católica, ONGs y expertos salvadoreños e internacionales han soportado la resistencia de la ciudadanía en contra de la explotación minera que ha convertido a El Salvador en el primer país del mundo donde se ha parado la explotación minera.
La resistencia ciudadana a la minería de oro, reunida en torno a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica ha recibido premios en reconocimiento a su labor en defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, las empresas Pacific Rim, de capital canadiense, y la Commerce Group, de Estados Unidos, siguen presionando por conseguir los permisos de explotación y han interpuesto una demanda al Estado salvadoreño frente a un Tribunal Internacional de resolución de conflictos económicos. Cada empresa exige que El Salvador pague 100 mil millones de dólares por no dejar explotar los minerales de su subsuelo.
Esta no es la única forma de presión. En los últimos meses, tres ecologistas de Cabañas han sido asesinados. En julio, del 2009, Marcelo Rivera, líder de la resistencia ambiental en San Isidro fue desaparecido y asesinado. Su cuerpo se encontró en un pozo con claras señas de tortura. El movimiento ciudadano empieza entonces a pedir justicia por el asesinato de Marcelo Rivera, que las autoridades atribuyen entonces a delincuencia común.
A partir del asesinato de Marcelo empieza en Cabañas un clima de terror. Otros activistas contra las mineras reciben amenazas de muerte, intento de secuestros y atentados con arma de fuego. Como parte de su labor periodística, la Radio Victoria, una radio comunitaria de Cabañas, informa a la población acerca de estos delitos y sobre los daños que causaría la explotación de oro. En julio, el sacerdote Luis Quintanilla, también parte del movimiento ciudadano en defensa del derecho a un medioambiente sano, es víctima de un intento de desaparición forzada.
En diciembre pasado, Ramiro Rivera y Dora Sorto, dos destacados líderes del movimiento anti-minería pierden la vida, asesinados con arma de fuego. Dora, madre de seis hijos, estaba embarazada de 8 meses, fue disparada por la espalda mientras cargaba a su hijo de dos años.
Organizaciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Amnistía Internacional y Human Rigth Watch se han pronunciado para la protección de los activistas de El Salvador y para el esclarecimiento de los asesinatos. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas de momento no parecen capaces de garantizar el derecho a la libre expresión, a la Justicia y a la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Por eso, los movimientos sociales salvadoreños han puesto en marcha una campaña internacional promoviendo dos acciones de presión en las que cualquiera puede participar, desde cualquier país, de manera sencilla. La primera consiste en enviar un correo al fiscal salvadoreño Rodolfo Delgado (radelgado@fgr.gov.sv) para solicitar investigaciones exhaustivas sobre los autores materiales e intelectuales de las amenazas y asesinatos. Y la segunda consiste en llamar telefónicamente a la oficina de Barbara Henderson (EEUU +1 888 775 70 97; Canadá +1 604 689 1976), vicepresidenta de inversionistas de la empresa minera Pacific Rim para reclamar el respeto a la decisión salvadoreña de no permitir la explotación minera y la inmediata retirada de la empresa de El Salvador.
La crisis financiera internacional impulsó el alza de los precios del oro que en el 2009 llegó a su récord histórico de 1200 dólares la onza. ¿Pero sabes cuál es el costo humano de esta especulación? Profundizamos en el caso de El Salvador en el siguiente reportaje en colaboración con la Asociación Desarrollo Económico y Social, ADES, de El Salvador.
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